El Poder Judicial de Perú ha dado inicio el 23 de septiembre de 2025 al juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien es acusada de recibir aportes ilícitos superiores a 10 millones de dólares de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS. Estos fondos habrían sido utilizados para financiar su campaña contra la revocatoria de 2013 y su reelección de 2014. La Fiscalía ha solicitado una pena de 29 años de prisión para Villarán, argumentando que se encuentra involucrada en delitos como asociación ilícita, colusión, cohecho, lavado de activos, falsedad ideológica y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Este proceso judicial tiene lugar en el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional y considera a más de 20 investigados, que incluyen políticos, empresarios y 16 empresas civiles, destacando las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS. Se anticipa que el juicio será emblemático en la lucha contra la corrupción en Perú, dado que busca esclarecer si Villarán lideró una organización criminal para lavar dinero y beneficiar a estas empresas a través de contratos públicos.
Antes de que comenzara el juicio, Villarán admitió haber recibido aportes de Odebrecht y OAS, pero aseguró que solo ella y su fallecido gerente municipal, José Miguel Castro, estaban al tanto de estos fondos. A pesar de reconocer los aportes, negó que existieran contratos o condicionamientos a cambio de dicho financiamiento, argumentando que su campaña era legítima y tenía como objetivo proteger la Municipalidad de un potencial «asalto». Además, pidió disculpas por la desconfianza generada, rechanzando las acusaciones de corrupción y afirmando su intención de demostrar su inocencia durante el proceso.
Se prevé que el juicio sea extenso y complejo, con múltiples audiencias y un total de 378 testigos, entre los cuales se destaca a Jorge Barata, exgerente de Odebrecht en Perú. El impacto de este juicio no solo afectará la reputación de Villarán, sino que también podría tener consecuencias significativas en la percepción pública sobre la corrupción vinculada a las constructoras brasileñas. La muerte de José Miguel Castro, quien fue un estrecho colaborador de Villarán, añade un elemento de interés en las investigaciones en curso.
De este modo, el juicio no solo se convierte en un acontecimiento crucial para la exalcaldesa, sino también para el futuro del sistema de justicia en Perú, que enfrenta profundas críticas en relación con la corrupción que ha afectado al país en los últimos años.
Fuente: Diario Correo
