Los agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del Perú (SINTPE-INPE) han radicalizado su medida de lucha, cumpliendo más de cuatro días de huelga en las afueras del penal Cristo Rey de Cachiche. La medida de fuerza, que ha involucrado a cerca de 200 trabajadores en Ica y a hasta 12,000 a nivel nacional, busca una solución a una serie de demandas relacionadas con la remuneración y las condiciones laborales.
Entre las principales exigencias del sindicato se encuentran el incremento de la remuneración integral mensual (RIM) y la asignación de presupuesto para la implementación de la Ley 29709 para el personal CAS (Contratación Administrativa de Servicios) a partir del año 2025. Además, piden el cumplimiento del acta extra-proceso referente al curso del CENECP para el personal de tratamiento y salud, así como una bonificación del 15% del RIM por trabajo multifuncional y en condiciones adversas para el personal de la Ley 276. También reclaman el pago de vacaciones truncas para el personal de la Ley 29709, conforme al récord vacacional.
“Estamos esperando que las autoridades en Lima nos hagan caso, llevamos10 años con el mismo sueldo de 2200 soles, y los compañeros CAS con 1500 soles, y vienen de Lima, Piura Lima y otros, solo ven a su familia una vez al mes. Los CAS hacen los mismos trabajos que los nombrados y a pesar de eso, no son considerados”, declaró un agremiado.
Los manifestantes también han dirigido su descontento hacia el presidente del INPE, Javier Llaque Moya, a quien acusan de falta de respuesta y de haber gestionado de manera deficiente durante sus tres mandatos. “Pedimos diálogo y no nos oye. El presidente del INPE sigue ratificado a pesar de las gestiones desastrosas”, señaló otro representante del sindicato.
