La región de Ica atraviesa una creciente crisis de inseguridad que se agrava por la falta de resultados concretos de las autoridades. A pesar de las reiteradas promesas del Gobierno, la población sigue expuesta al avance del crimen y a la ineficiencia del sistema estatal.
El general (r) Eduardo Pérez Rocha advirtió que “el actual sistema de seguridad no funciona porque prioriza el papeleo sobre la prevención”, en alusión a la estructura policial y administrativa que, según señala, dedica más esfuerzos a los informes que a las patrullas y operativos.
De acuerdo con el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), solo tres de cada diez peruanos se sienten seguros, y en regiones como Ica, la confianza en la Policía cae al 20%, reflejando un fuerte deterioro de la percepción ciudadana. “Pagamos impuestos para seguridad, pero el dinero se pierde en oficinas, no en calles seguras”, lamentó un comerciante de Pisco en declaraciones a medios regionales.
El panorama se complica con la migración de bandas criminales del norte hacia el sur, fenómeno que amplía la presencia delictiva en provincias iqueñas. Mientras tanto, el premier Eduardo Arana aseguró durante su reciente visita que el Gobierno culminará las obras inconclusas antes de 2026, entre ellas la cárcel de Chincha, que continúa sin avances visibles.
Sin una ejecución efectiva de políticas de seguridad y control, Ica permanece atrapada entre la violencia y la burocracia, con una ciudadanía cada vez más desconfiada y un Estado que engrosa su planilla en lugar de reforzar las calles.
