La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, interpuso una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la presidenta Dina Boluarte, los exministros Pedro Miguel Angulo Arana, Luis Alberto Otárola Peñaranda, César Augusto Cervantes Cárdenas, Jorge Luis Chávez Cresta, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, por su presunta responsabilidad en las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023.
La acusación abarca los hechos registrados en Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima Metropolitana, donde, según el parte fiscal, se habría empleado fuerza excesiva y desproporcionada por parte de la Policía Nacional (PNP) y el Ejército.
Los delitos imputados
Boluarte y los demás involucrados están acusados de lesiones leves y graves, tipificadas en los artículos 121° y 122° del Código Penal. La Fiscalía sostiene que actuaron con dolo eventual (aceptando el posible resultado mortal) y omisión impropia, al no evitar daños que tenían la obligación de prevenir.
El documento señala que las autoridades no diseñaron ni aplicaron protocolos adecuados para proteger la vida de los manifestantes, incumpliendo su deber de garantizar derechos fundamentales y normas internacionales.
