En una declaración conjunta emitida el miércoles, los fiscales especializados en Familia y coordinadores del Programa Nacional ‘Justicia Juvenil Restaurativa’ del Ministerio Público de Perú expresaron su firme oposición a un proyecto de ley presentado en el Congreso. Este proyecto, promovido por el congresista Juan Burgos del partido Avanza País, busca establecer la responsabilidad penal para adolescentes a partir de los 16 años.
Los fiscales fundamentaron su rechazo en el argumento de que dicho proyecto violaría los compromisos internacionales suscritos por Perú para defender y proteger los derechos de los niños y adolescentes. En particular, hicieron referencia a la ‘Convención de los Derechos del Niño’ de 1990, la cual obliga al Estado peruano a asegurar la aplicación y efectividad de todos los derechos reconocidos en dicha convención para todos los menores de edad en el país.
Subrayaron además el principio de «no regresividad» en materia de derechos humanos, enfatizando que los derechos específicos de los niños no pueden ser disminuidos, reducidos o restringidos, incluso bajo el pretexto de mejorar la seguridad ciudadana.
En contraposición a esta postura, el congresista Juan Burgos defendió su propuesta argumentando que los adolescentes de 16 y 17 años que cometen delitos graves como sicariato, extorsión o participación en actos de terrorismo urbano deben enfrentar las consecuencias penales correspondientes. Afirmó que sustentará su proyecto ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso este mismo miércoles, dejando en manos de los jueces del Poder Judicial la determinación de las penas aplicables.
