El Tribunal Constitucional de Perú ha ordenado la excarcelación inmediata de Betssy Chávez, ex primera ministra, tras considerar que la extensión de su prisión preventiva era irregular y carecía de sustento jurídico. Chávez se encontraba detenida en el marco de una investigación por presunta rebelión relacionada con un intento de golpe de Estado. Su liberación se da después de que la exfuncionaria realizara una huelga de hambre seca que duró 11 días, lo que generó preocupación sobre su estado de salud. Posteriormente, fue trasladada a una clínica para recibir atención médica.
En otro caso relevante, el expresidente Martín Vizcarra también ha recuperado su libertad después de que la Corte Superior revocara su prisión preventiva por el delito de cohecho pasivo. La decisión se fundamentó en la existencia de su arraigo familiar y laboral, factores que, según el tribunal, minimizan el riesgo de fuga. Estos eventos reflejan una nueva fase en el ámbito judicial peruano, donde la defensa de los derechos individuales ha cobrado mayor relevancia.
En contraste, Alejandro Toledo, ex presidente del país, fue condenado a 13 años y 4 meses de prisión por el delito de lavado de activos en el caso Ecoteva. Esta nueva sentencia se suma a la condena previa de 20 años por su vinculación con los casos Odebrecht e Interoceánica. Aunque Toledo tiene la intención de apelar y podría solicitar arresto domiciliario debido a su edad, se considera poco probable que logre recuperar la libertad en el corto plazo.
El abogado penalista Julio César Espinoza comentó que las liberaciones de Chávez y Vizcarra son acertadas, subrayando la necesidad de acelerar los procesos judiciales en el país. Espinoza además afirmó que la condena a Toledo «se caía de madura», evidenciando la urgencia de revisar las prolongadas prisiones preventivas que, a menudo, carecen de un fundamento sólido.
Estos acontecimientos resaltan la situación actual del sistema judicial en Perú, donde se busca un equilibrio entre la justicia y los derechos humanos, en un contexto marcado por la inestabilidad política y las crisis de gobernabilidad.
La atención en torno a estas decisiones y sus implicancias para el futuro de la política peruana se mantienen en el centro del debate público, lo que podría influir en el desarrollo de nuevas normativas y la revisión de viejas prácticas en el ámbito judicial.
Fuente: La Republica
