Un reciente incidente ocurrido en las instalaciones del RBBBrito Hotel en Tarapoto ha reabierto el debate sobre los límites éticos de los creadores de contenido y las estrictas políticas de conducta en el sector servicios. El streamer Cristopher Puente Viena, conocido como Cristorata, se convirtió en el centro de una controversia tras una transmisión en vivo por la plataforma Kick que culminó con el despido de dos trabajadores de la empresa.

El suceso se originó cuando el creador de contenido, durante un recorrido por el hotel junto a su pareja, se acercó a un carrito de servicio de alimentos destinado a otros huéspedes. En el registro visual, se observa a Cristorata instando a una trabajadora a invitarle papas fritas del pedido ajeno, minimizando el acto con la frase: «No creo que se den cuenta». Tras la insistencia del streamer, quien incluso apeló a su identidad pública para suavizar la falta, la colaboradora accedió al pedido.
La viralización del clip generó una respuesta inmediata por parte de la administración del hotel. A través de un comunicado, la empresa informó que, tras evaluar los hechos, se tomaron «medidas correspondientes de forma inmediata», lo que resultó en la desvinculación laboral de dos empleados. Por su parte, el streamer ha manifestado su desacuerdo, calificando la decisión de la gerencia como «injusta» y señalando que el hotel debió comunicarse con él antes de proceder con los despidos.
Este episodio pone de manifiesto la vulnerabilidad de los trabajadores ante las dinámicas de los canales digitales, donde una interacción aparentemente inofensiva para un creador de contenido puede interpretarse como una falta grave a los protocolos de higiene, propiedad y servicio al cliente de una institución.
En un entorno donde la búsqueda de la «viralidad» a menudo ignora las jerarquías y normas institucionales, ¿quién posee la mayor carga de responsabilidad: el creador de contenido que incita a la transgresión de una norma por mero entretenimiento, o la administración corporativa que aplica medidas punitivas severas sin considerar la presión mediática a la que fue sometido su personal?
Fuentes: La República









