Un artefacto explosivo fue hallado en la sede del Poder Judicial en el distrito de Ate, en un incidente que ha generado gran preocupación por la seguridad en las instalaciones judiciales. Junto al explosivo se encontró una carta firmada por un grupo autodenominado «Los Mexicanos», en la que se exige que no se libere a ‘Chato Deyvis’, presunto cabecilla de la banda de extorsionadores Los Malditos de Huaycán. Este suceso ha llevado a las autoridades a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad en la zona.
Tras el descubrimiento del artefacto, la Corte Superior de Justicia de Lima Este tomó la decisión de suspender sus actividades, lo que ha afectado a numerosos usuarios y trabajadores del sistema judicial en la región. La Policía Nacional del Perú aisló el área para realizar las investigaciones correspondientes, mientras que la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) se encargó de la intervención para garantizar que no existiera un peligro inminente.
Las autoridades trabajan en la investigación del incidente para determinar las responsabilidades y evitar futuros ataques a las instalaciones judiciales. Este episodio plantea serias interrogantes sobre la seguridad en un espacio tan vital para la administración de justicia en el país. Hasta el momento, no se han reportado daños ni detenciones específicas vinculadas al hecho.
La carta junto al artefacto evidencia las amenazas que enfrentan las instituciones del Estado, en un contexto donde la delincuencia organizada busca desafiar la autoridad y la legalidad. La situación presenta un reto significativo para las fuerzas del orden, las cuales deben equilibrar la protección de los ciudadanos y la integridad de las instituciones.
El hallazgo también resalta la importancia de fortalecer las medidas de seguridad en los edificios estatales, especialmente en aquellos donde se toman decisiones críticas sobre justicia y orden público. En este momento, la seguridad de las sedes judiciales y la vida de quienes trabajan y acuden a ellas es de suma importancia.
Las autoridades seguirán monitoreando la situación y proporcionarán actualizaciones a medida que avance la investigación.
Fuente: La República
