La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció recientemente el envío de un proyecto de ley al Congreso que tiene como finalidad “defender la soberanía nacional” y el “principio de no intervención” en los asuntos internos del país. Este anuncio se produce en un contexto de creciente tensión con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tras las medidas solicitadas a favor del expresidente Pedro Castillo y la supervisión internacional sobre las investigaciones relativas a las muertes ocurridas durante las protestas recientes.
Durante su intervención, Boluarte enfatizó que el Perú respeta el derecho internacional y los tratados que ha suscrito. Sin embargo, también subrayó que su gobierno no permitirá la intervención de la Corte IDH ni de otros organismos internacionales en los asuntos internos, particularmente en el caso del expresidente Castillo. Asimismo, resaltó que el Ejecutivo no tolerará críticas externas dirigidas hacia las Fuerzas Armadas y la Policía del Perú.
Aunque no se han proporcionado detalles específicos sobre el contenido del proyecto de ley, se conoce que la iniciativa contempla la creación de mecanismos que permitan al Estado peruano “defenderse” de resoluciones de tribunales internacionales que se consideren lesivas a su soberanía. Esto incluiría procedimientos para evaluar el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH de manera caso por caso.
La tensión entre el gobierno peruano y el sistema interamericano de derechos humanos se ha incrementado tras la reciente solicitud de la Corte IDH para proteger los derechos de Pedro Castillo. La corte también ha demandado información sobre su detención y el desarrollo de las investigaciones relacionadas con las muertes ocurridas durante las protestas. Ante este panorama, el gobierno de Boluarte ha rechazado la intervención internacional, argumentando que no existe una situación de “extrema gravedad y urgencia” que justifique dicha medida.
A medida que este tema se desarrolla, la comunidad internacional y distintos sectores de la sociedad civil peruana están a la espera de los próximos pasos que dará el ejecutivo y de cómo se abordará la relación entre el Estado peruano y los organismos internacionales en materia de derechos humanos.
Fuente: El Comercio
