La situación de Delia Espinoza se ha tornado polémica, pues la suspendida fiscal de la Nación ha decidido recurrir a acciones constitucionales tras haber sido inhabilitada por 10 años para ejercer funciones públicas. Según Espinoza, esta medida se tomó tras graves vulneraciones al debido proceso, un argumento que su abogado, Rodolfo Pérez, respalda al cuestionar el procedimiento de votación en el Congreso.
Durante una entrevista, Espinoza expresó su descontento al mencionar que la inhabilitación fue el resultado de presiones y maniobras internas, poniendo en tela de juicio la legitimidad del proceso y la presión política que rodeó la votación. Inicialmente, la moción para su inhabilitación no alcanzó los votos requeridos, pero después de una reconsideración rápida, el apoyo a la sanción creció significativamente.
Su abogado sostiene que el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien también fue el autor de la denuncia, actuó de manera irregular al presidir la sesión de reconsideración, lo que añade un nivel de controversia a todo el procedimiento. Espinoza, por su parte, está decidida a llevar su caso hasta las últimas consecuencias, alegando que su inhabilitación es un claro ejemplo de abuso de poder y vulneración de derechos.
Este caso pone de relieve la tensión existente dentro de la política peruana, donde los conflictos de interés y las presiones internas pueden influir en decisiones legales, afectando directamente a figuras públicas que cumplen roles cruciales en el sistema de justicia. Espinoza espera que sus acciones produzcan un cambio y, al mismo tiempo, busca justicia frente a lo que considera un atropello a su derecho al debido proceso.
Fuente: Rpp.pe
