En un esfuerzo por mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad, se ha presentado una propuesta legislativa que busca modificar el artículo 41 del Texto Único Ordenado del Código de Ejecución Penal. La iniciativa, impulsada por la Defensoría del Pueblo, establece que las visitas íntimas serán reconocidas como un derecho fundamental para los reclusos, siempre que se cumplan las condiciones sanitarias y de seguridad necesarias.
Según la propuesta, el artículo 41 quedaría redactado de la siguiente manera: «La Administración Penitenciaria estimula e intensifica las comunicaciones y visitas en cuanto sean beneficiosas para el interno y evita aquellos contactos con el exterior que le resulten perjudiciales. La visita íntima es un derecho de toda persona privada de libertad.» Además, se incorporaría un nuevo artículo, el 41-A, que regula el procedimiento para acceder a este derecho. Este establece que los reclusos podrán solicitar una visita íntima quincenal, previa autorización del director del establecimiento penitenciario y bajo recomendaciones de higiene, seguridad y planificación familiar.
De ser aprobada, la ley entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, aplicándose a todas las solicitudes de visitas íntimas presentadas a partir de esa fecha.
Privatización de penales: otra propuesta en debate
En paralelo, otro proyecto de ley ha generado controversia en el Congreso. Presentado en enero de 2024 por el congresista Wilson Soto, el Proyecto de Ley n.° 9908/2024-CR, conocido como la «Ley de Privatización de los Establecimientos Penitenciarios», busca permitir la participación de empresas privadas en la gestión de los centros penitenciarios. El objetivo, según el texto, es optimizar la administración, mejorar los servicios complementarios, reducir el hacinamiento y lograr una gestión más eficiente de los recursos económicos.
La propuesta ha generado un intenso debate entre quienes ven en la privatización una solución a los problemas crónicos del sistema penitenciario y quienes advierten sobre los riesgos de delegar la administración de cárceles a entidades privadas, especialmente en lo que respecta a los derechos de los reclusos.
