La Corte Superior de Justicia de Ucayali ha confirmado una condena de 28 años y 3 meses de prisión efectiva contra cuatro madereros ilegales responsables del asesinato de cuatro líderes indígenas ashéninkas de la comunidad Alto Tamaya-Saweto. Este hecho trágico ocurrió el 1 de septiembre de 2014 y representa un avance significativo en la lucha contra la impunidad en crímenes perpetrados contra defensores de territorios indígenas en la Amazonía peruana.
Los condenados son Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta, considerados como autores mediatos del homicidio, mientras que los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix han sido sentenciados como coautores materiales. La decisión judicial se produce tras un proceso que ha sensibilizado a la opinión pública sobre la necesidad de proteger a quienes defienden sus territorios ante la amenaza de la tala ilegal.
Las víctimas de este crimen, Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, se dirigían a una asamblea en el momento de su asesinato para abordar estrategias que protejan sus tierras, una lucha que habían comenzado en 2008 y que les había expuesto a constantes amenazas. Este caso ha evidenciado la vulnerabilidad de los líderes indígenas frente a los intereses económicos que amenazan sus territorios.
Además de la condena, la Corte ha ordenado un incremento en la reparación civil para las familias de las víctimas, fijada en un total de 400,000 soles, distribuidos en partes iguales. Esta medida ha sido aplaudida internacionalmente por países como Alemania, Canadá, Noruega y Reino Unido, que han enfatizado su importancia para la protección de los derechos humanos y ambientales en Perú.
A pesar de la sentencia, existe una preocupación latente, ya que los condenados aún no han sido capturados. Esta situación mantiene en alerta a las familias de las víctimas y a las organizaciones indígenas, quienes abogan por la ejecución efectiva de la sentencia y la garantía de que no haya impunidad en este caso, un ejemplo más de los desafíos que enfrentan los defensores de la Amazonía peruana.
La resolución de la Corte Superior de Justicia de Ucayali representa un rayo de esperanza en un contexto donde el respeto a los derechos de las comunidades indígenas sigue enfrentando múltiples obstáculos.
Fuente: La Republica
