Un proyecto de ley presentado en el Congreso busca prohibir el uso de teléfonos móviles personales y el acceso a internet no laboral para los trabajadores de atención al público en entidades financieras, con el objetivo declarado de combatir la inseguridad ciudadana y fortalecer la confianza de los consumidores.
La iniciativa, identificada como el Proyecto de Ley N° 13342/2025-CR, es promovida por la congresista Katy Ugarte, presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor. La propuesta surge ante denuncias recurrentes de que algunos empleados de bancos filtrarían información a delincuentes, facilitando robos o asaltos a clientes luego de realizar transacciones.
Alcances de la Prohibición
De aprobarse, la norma afectaría a todas las entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). La restricción se aplicaría durante la jornada laboral a todo el personal que mantenga interacción directa con el público.
El texto propone que los equipos informáticos de estos trabajadores tengan acceso restringido exclusivamente a los sistemas internos de la entidad, vetando la navegación en internet, el correo electrónico personal y cualquier aplicación o sitio web ajeno a sus funciones. Para garantizar el cumplimiento, el proyecto obliga a los bancos a instalar software de control y monitoreo, capacitar al personal y establecer sanciones internas. La SBS tendría la labor de supervisar y sancionar a las entidades infractoras.
Opinión Pública Dividida
Una consulta callejera realizada por Exitosa revela un debate polarizado entre los ciudadanos. Algunos se muestran fervientes partidarios de la medida. «Está bien, que los sancionen… deberían decomisar [los celulares]. Por eso hay tanta matanza; vas al banco, sacas tu plata y te persiguen porque ya les han dateado, saben hasta cuánto tienes», argumentó una usuaria a favor.
En cambio, otros ciudadanos calificaron el proyecto como «inviable» y consideraron que el problema radica en la protección de los datos. Para ellos, la solución pasaría por fortalecer una entidad dedicada específicamente al resguardo de la información financiera de los clientes, en lugar de una prohibición general al personal.
Próximos Pasos
El proyecto, que ahora inicia su trámite legislativo, también dispone que el Poder Ejecutivo, a través de los ministerios correspondientes, realice las modificaciones reglamentarias necesarias en caso de ser promulgado.
La controversia está servida: mientras los proponentes enfatizan la urgencia de medidas drásticas para proteger la seguridad física y patrimonial de las personas, los críticos cuestionan la efectividad y la practicidad de una restricción tan amplia en el entorno laboral moderno. El debate promete intensificarse en las próximas semanas en el hemiciclo.
