El abogado de Brookfield, Rafael Llano, ha expresado su preocupación ante la demanda internacional que la empresa ha interpuesto contra el Estado peruano. Esta acción legal, que califica como una «expropiación continua» de sus activos, podría acarrear consecuencias económicas significativas para el país, incluyendo la posibilidad de un pago de indemnización.
La disputa se origina en las medidas estatales que han afectado severamente la viabilidad financiera de la subsidiaria Rutas de Lima, que actualmente se encuentra en un proceso de disolución y liquidación. Brookfield acusa a las autoridades peruanas de haber llevado a cabo actos que considera arbitrarios y de hostigamiento sostenido, lo que ha llevado a la empresa a tomar la drástica decisión de disolverse.
La controversia será resuelta por un tribunal arbitral bajo el derecho internacional, basándose en el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá. En este contexto, se evaluará la conducta del Estado peruano y la supuesta vulneración de la seguridad jurídica y la inversión extranjera.
En su denuncia, Brookfield apunta específicamente a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a otras entidades estatales, alegando que las medidas adoptadas han destruido el valor de su inversión. Entre estas acciones se incluyen la suspensión del cobro de peajes, lo que ha provocado una disminución de ingresos de más del 60%, así como la toma de infraestructura esencial y la negativa a cumplir con laudos arbitrales internacionales que habían sido previamente validados.
Como resultado de estas circunstancias, Rutas de Lima ha sufrido pérdidas patrimoniales que llevaron a su Junta General de Accionistas a aprobar su disolución según la Ley General de Sociedades. Sin embargo, la empresa ha decidido continuar operando provisionalmente las vías concesionadas mientras se resuelven las controversias judiciales.
Brookfield sostiene que la situación que enfrentan refleja una política estatal hostil y arbitraria, contraria a los compromisos internacionales asumidos por Perú. Esta situación pone en riesgo la confianza de los inversionistas extranjeros en el país, un aspecto crítico para el desarrollo económico de la nación.
La resolución de este caso podría marcar un precedente importante en la relación entre la inversión extranjera y las políticas del Estado peruano, lo que requiere un análisis cuidadoso por parte de las autoridades y la sociedad civil.
Fuente: Exitosanoticias
