Ayer, alrededor de las 8:30 de la mañana, un numeroso contingente de efectivos policiales de la comisaría de Ica, junto a maquinaria pesada y representantes de la Red Asistencial de EsSalud Ica, ejecutaron el desalojo de ocho puestos de ferreteros y comerciantes que habrían ocupado el espacio sin pagar alquiler durante casi 20 años. El predio está ubicado en el cruce de las calles Ayacucho y Cajamarca, a una cuadra de la Plaza de Armas de Ica.
Escobas, baldes de pintura, herramientas, fierros, tubos, cajas, cables, entre otros productos de ferretería, conformaron las grandes acumulaciones que se registraron en las calles tras el desalojo. Aunque los comerciantes opusieron resistencia en un primer momento, con el paso de los minutos aceptaron la situación y comenzaron a retirar pacíficamente su mercadería. Pero, ¿cómo se llegó a este desenlace? Ambas partes exponen sus versiones.
La versión de los comerciantes desalojados
El Dr. Aldo Uribe Villagarcía, abogado de los ferreteros, señaló que el problema se remonta al año 2005, cuando EsSalud era propietario del predio. Sin embargo, según su versión, el terreno pasó posteriormente a ser parte del Gobierno Regional de Ica, por lo que, a su juicio, el desalojo no debió realizarse. Además, indicó que el procurador público habría denunciado a la jueza a cargo del caso por el presunto delito de prevaricato, argumentando que no existe un pronunciamiento definitivo que avale la acción. Uribe insistió en que no se respetó el debido proceso, ya que los comerciantes no fueron incluidos formalmente como parte procesada, a pesar de tener derechos adquiridos. «Estos hechos no quedarán impunes», afirmó el abogado, anunciando que adoptarán todas las acciones legales correspondientes.
La postura de EsSalud
Por su parte, un representante de EsSalud aclaró que, inicialmente, la diligencia de desalojo fue suspendida en julio del año pasado por un plazo de 30 días, tiempo que, según indicó, fue suficiente para que los comerciantes retiraran sus pertenencias. Recalcó que el predio es propiedad del Estado y se encuentra debidamente inscrito en Registros Públicos a nombre de EsSalud, con el reconocimiento del Gobierno Regional de Ica. Asimismo, acusó a la procuraduría de haber defendido intereses personales en lugar de priorizar los del Estado.
El conflicto legal en torno a la titularidad del predio continúa, mientras los comerciantes desalojados evalúan las acciones judiciales que emprenderán en los próximos días.
