Ica. – La Contraloría General detectó que funcionarios y regidores de la Municipalidad Provincial de Pisco (MPP), desde el año 2019 hasta el 2022, elaboraron y aprobaron irregularmente ordenanzas que otorgaron descuentos para el pago de deudas no tributarias por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito de tipo leve, grave y muy grave.
Sin embargo, tales beneficios no están contemplados en la normativa nacional y la entidad no tiene competencia para disponer dichos descuentos. Por ello, se generó un perjuicio económico de S/ 977 244.
De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 033-2024-2-0409-AC, la entidad recepcionó papeletas de infracción de tránsito impuestas por la Policía Nacional del Perú para que continúe con el proceso sancionador y efectúe la recaudación de los recursos provenientes del pago de estas multas.
La Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (LGTT) estipula que las municipalidades solo pueden emitir normas complementarias para la aplicación de los reglamentos nacionales en materia de transporte y tránsito terrestre dentro de su ámbito territorial y no están habilitadas para realizar descuentos de las referidas multas.
Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial, precisa que para que las municipalidades provinciales puedan decretar amnistías, reducciones o condonaciones de las papeletas por infracciones de tránsito, requieren de la habilitación legal a través de una norma con el rango correspondiente que le otorgue competencia.
Sin embargo, el Municipio de Pisco, desde el año 2019 hasta el 2022, elaboró y aprobó cinco amnistías para infracciones de tránsito impagas, mediante cinco ordenanzas municipales. Con una de ellas, vigente desde el 8 de febrero del 2019 por 60 días, se dispuso un pago único de S/ 25 para sanciones leves, S/ 50 para sanciones graves y S/ 100 para las calificadas como muy graves, con ciertas excepciones.
Mientras que en las cuatro restantes, se aprobaron descuentos por importes que estaban por debajo de lo establecido en el Reglamento Nacional de Tránsito. Bajo este beneficio, se cancelaron 2 677 papeletas y la entidad solo recaudó S/ 174 273, cuando la cifra a cobrar debió ser de S/ 1 151 518.
En este caso están comprendidos con presunta responsabilidad civil 19 servidores públicos, entre regidores y funcionarios. A cinco de estos servidores también se les identificó presunta responsabilidad administrativa.
El resultado de este informe de Auditoría de Cumplimiento fue comunicado al titular de la Municipalidad Provincial de Pisco, así como al órgano instructor y a la Procuraduría de la Contraloría General de la República para que se realicen las acciones legales pertinentes.
