El Congreso de Perú ha tomado la decisión de archivar una denuncia presentada contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) declaró la denuncia improcedente, aduciendo que ya se habían rechazado acusaciones similares.
La denuncia, formulada por la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, señalaba a Boluarte por presuntos delitos relacionados con la vida y la salud de las personas, argumentando que hubo una omisión en la actuación ante el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas policiales y militares. Sin embargo, la decisión del Congreso se basa en una normativa que impide la presentación de la misma denuncia en el mismo año.
Diversos sectores han criticado esta decisión, argumentando que el Congreso actúa en complicidad con el Ejecutivo y que ignora los estándares internacionales en derechos humanos. Tania Pariona, excongresista y representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, denunció que se está atentando contra el derecho a la justicia.
A esta controversia se añade un contexto electoral, con mensajes de figuras como Roberto Sánchez, exhortando a Keiko Fujimori a aceptar los resultados de los procesos electorales. La situación política en Perú sigue siendo tensa y llena de desafíos. ¿Qué implicaciones tendrá este archivamiento en la confianza pública y en las futuras manifestaciones? #PolíticaPeruana #DerechosHumanos #DinaBoluarte
Fuente: Larepublica.pe
