El impacto de las declaraciones de Cristopher Puente Viena, conocido en el entorno digital como ‘Cristorata’, ha trascendido las redes sociales para convertirse en un caso de prioridad para el sistema judicial peruano. Tras los insultos racistas y denigratorios emitidos por el streamer contra los electores de Puno, Cusco y Ayacucho durante el conteo de las Elecciones 2026, la indignación ha escalado hasta figuras de la televisión nacional y organismos del Estado, quienes coinciden en que las disculpas públicas no son suficientes para resarcir el daño a la cohesión social.
La conductora María Pía Copello se sumó a las voces de rechazo, calificando los comentarios como «ofensivos y desafortunados». Copello enfatizó la responsabilidad inherente al uso de plataformas masivas, señalando que tener un micrófono y una cámara al frente exige un criterio que el streamer ignoró. «No hay justificación, debe ser sancionado», sentenció la presentadora, respaldando las acciones que el Ministerio de Cultura y el Ministerio Público han iniciado para sentar un precedente sobre los límites de la libertad de expresión en entornos virtuales.
En el ámbito legal, la situación de Puente Viena se torna crítica. La Quinta Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos ha iniciado una investigación preliminar por el presunto delito de discriminación en agravio de la población indígena. Como parte de las diligencias, se ha ordenado una evaluación psicológica al investigado, además de la visualización y transcripción oficial del material audiovisual donde descalifica a los ciudadanos por su origen geográfico y condición étnica. A esto se suma una denuncia penal formal presentada por el abogado cusqueño Dennis Llamocca, quien sostiene que es imperativo que el proceso culmine en una sentencia condenatoria para frenar la normalización del discurso de odio en las plataformas de streaming.
Fuente: Trome
