Nuestra región ya vive los efectos del incremento del caudal de sus ríos. El río Ica se ha desbordado, afectando tramos de la Panamericana Sur y cerca de 100 hectáreas de cultivos, lo que genera pérdidas económicas y preocupación entre la población.
Precisamente, la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) ha identificado que, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), más de 800 mil iqueños se encuentran en riesgo alto o muy alto ante inundaciones, en un contexto en el que se ha activado el Estado de Alerta de El Niño Costero para el mes de marzo.
Esta fragilidad se refleja también en los hallazgos técnicos. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha identificado para el periodo 2025-2026 más de un centenar de puntos críticos a lo largo del río Ica y sus principales afluentes, donde un incremento sostenido del caudal podría generar nuevas inundaciones.
“Para evitar que estas situaciones se repitan, es indispensable invertir de manera sostenida en obras de prevención. Reaccionar únicamente cuando el desastre ya ocurrió tiene un costo irreparable: la pérdida de vidas humanas. Ese es, sin duda, el principal perjuicio y el más doloroso, porque ninguna inversión posterior puede devolver una vida. A ello se suma un fuerte impacto económico. Los desastres paralizan actividades productivas, afectan ingresos y empleos, destruyen viviendas y obligan al Estado a destinar cuantiosos recursos a rescate, ayuda humanitaria y reconstrucción. Es decir, se genera un retroceso en el desarrollo y en las oportunidades de miles de familias”, señaló Giacomo Puccio, economista de REDES.
De hecho, cada temporada de lluvias reactiva una preocupación histórica en la región Ica. En enero de 1998, las lluvias del Fenómeno del Niño llevaron al río Ica a registrar el mayor volumen de su historia. El desborde por ambas márgenes inundó más del 80% de la ciudad y una extensa zona agrícola. Más de 57 mil personas resultaron damnificadas y 10 perdieron la vida, según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
Como respuesta a este suceso nació el proyecto de control de desbordes del río Ica y las quebradas Cansas y Chanchajalla. Sin embargo, más de 25 años después, la obra –considerada una de las principales inversiones para reducir el riesgo de inundaciones– aún no logra cerrar del todo la vulnerabilidad debido a retrasos de diversa índole.
Una historia de retrasos, un riesgo constante
Existe una brecha de 18 años entre la aprobación del estudio inicial y el inicio de las obras físicas del proyecto. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el estudio definitivo en 2001, pero las obras no se iniciaron en ese momento por falta de presupuesto. Posteriormente, la creación del Sistema Nacional de Inversión Pública obligó a reformular el proyecto bajo nuevas reglas, lo que implicó rehacer estudios y cumplir nuevos requisitos técnicos. Cuando finalmente se logró avanzar, los plazos administrativos habían hecho que el expediente técnico perdiera vigencia, y fue necesario actualizarlo nuevamente antes de comenzar las obras en 2019.
“Las obras de prevención de desastres exigen recursos importantes y planificación a largo plazo. Los datos muestran que no priorizarlas termina siendo una decisión fiscalmente irresponsable. Por cada dólar invertido en prevención se pueden ahorrar hasta 15 en reconstrucción, según estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. La prevención no es un gasto adicional, sino una inversión que reduce pérdidas futuras, evita presiones sobre el presupuesto público y protege el crecimiento. En otras palabras, lo verdaderamente costoso no es invertir hoy, sino tener que reconstruir mañana”, detalló Puccio.
Tras años de retrasos, la intervención sobre el río Ica ahora se complementa con un segundo proyecto centrado en las quebradas Cansas y Chanchajalla. Esta fase busca construir diques y barreras para retener lodo, piedras y huaicos antes de que lleguen al cauce principal, reduciendo así el riesgo de que el río se desborde. Con la combinación de ambas obras, y un presupuesto que supera los mil millones de soles, la región apunta a una solución integral que proteja tanto a la ciudad como a las zonas agrícolas.
Hacia adelante, para que estas medidas sean realmente efectivas, es indispensable garantizar continuidad institucional. Los cambios frecuentes en las entidades responsables, las modificaciones en competencias o las reestructuraciones del aparato público pueden generar periodos de transición que afectan la planificación, el seguimiento y la ejecución de proyectos de infraestructura.
“Cada modificación en las reglas o en los esquemas de gestión implica volver a ajustar expedientes, cronogramas y responsabilidades. En proyectos de gran envergadura, esos retrocesos no se miden en semanas, sino en años; y cada año de retraso es un año en el que miles de familias continúan expuestas al riesgo. La prevención, además de generar ahorros significativos para el Estado, cumple una función aún más importante: proteger vidas y reducir impactos sociales que ninguna reconstrucción posterior puede reparar completamente”, finalizó Puccio.
