En una acción que ha captado la atención mediática y pública, el exmandatario Martín Vizcarra ha llevado su reclamo a las instancias judiciales, denunciando un abuso de autoridad por parte de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Según su relato, la requisa que sufrió en su celda fue realizada sin justificación y se filtraron fotos a la prensa, lo que considera una violación a su intimidad.
Vizcarra se enfrenta a una situación complicada en el Penal de Barbadillo, donde también se encuentran otros ex presidentes como Ollanta Humala y Pedro Castillo, quienes también cumplen con sentencias. Este hecho pone de relieve la tensión en el sistema penitenciario y la utilización de la prensa en casos de figuras políticas. En su cuenta oficial de X, el exmandatario criticó la situación y retó a las autoridades a intervenir, sugiriendo que hay prioridades más urgentes en el país que deberían ser atendidas.
Las palabras de Vizcarra han resonado con muchos, quienes ven en su denuncia una defensa de los derechos fundamentales que, según alegan, deberían ser garantizados por el Estado. Esta situación abre un debate sobre las condiciones de los internos y la legitimidad de las prácticas penales en el país, especialmente hacia figuras públicas. La denuncia presentada por Vizcarra podría sentar un precedente sobre los derechos de los reclusos y las acciones de las autoridades en el futuro. Esta situación es un recordatorio de la compleja relación entre política, justicia y derechos humanos en Perú.
Fuente: Rpp.pe
