En Ecuador, el voto es considerado un deber cívico obligatorio para todos los ciudadanos entre 18 y 65 años. De cara al referéndum y consulta popular programados para el 16 de noviembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha establecido que quienes no acudan a las urnas enfrentarán una multa equivalente al 10% del Salario Básico Unificado (SBU), sancionándolos con $47, dado que el SBU para 2025 ha sido fijado en $470 mensuales.
El sistema electoral ecuatoriano impone también una política de acumulación de multas. Aquellos ciudadanos que ya posean sanciones por no haber votado en elecciones previas verán incrementado el monto a pagar. Por ejemplo, una persona que no participó en los comicios de 2021 y tampoco en el referéndum de 2025 deberá afrontar el total de ambas multas, lo que busca incentivar la participación activa y el cumplimiento de los deberes cívicos.
Los miembros de las juntas receptoras del voto también están sujetos a regulaciones específicas. El CNE ha designado a aproximadamente 291.080 ciudadanos para cumplir esta función, quienes enfrentan sanciones como:
- No asistir a la capacitación obligatoria: $47
- No presentarse el día de la consulta: $70.50
- Abandonar la junta sin justificación: entre $2.820 y $4.700, además de la suspensión de derechos de participación hasta 6 meses.
Si un miembro de mesa incumple múltiples obligaciones, las multas pueden acumularse, lo que podría llevar a sanciones que superen los $165 en total.
Sin embargo, cabe destacar que existen excepciones. El voto es facultativo para ciertos grupos, incluyendo adolescentes de 16 y 17 años, personas mayores de 65 años, ciudadanos ecuatorianos en el exterior, miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en servicio activo, así como personas con discapacidad o analfabetas.
El Código de la Democracia también contempla otras infracciones electorales, estableciendo multas que oscilan desde $235 por violaciones como la Ley Seca, hasta montos mayores por el uso inapropiado de dispositivos electrónicos dentro de recintos electorales.
En caso de inasistencia, los ciudadanos podrán solicitar exoneraciones si pueden certificar causas válidas, como problemas de salud, calamidades recientes o viajes fuera del país, lo que brinda una oportunidad de justificarse ante la ley.
La implementación de estas sanciones busca fomentar una mayor participación ciudadana y garantizar que todos los ecuatorianos cumplan con su responsabilidad electoral.
Fuente: La República
