En un preocupante giro en el caso de una joven ingeniera de 25 años, quien denunció haber sido víctima de violación sexual en Independencia el 15 de septiembre de 2023, se ha solicitado el sobreseimiento del proceso tras más de dos años de investigación. Esta decisión fue tomada por el fiscal provincial, y ahora corresponde a un fiscal superior evaluar la situación.
La víctima ha compartido su testimonio, donde narra que perdió el conocimiento durante una reunión y al despertar se encontró en la habitación del presunto agresor. Gracias a su valentía, logró refugiarse en un baño de la vivienda, desde donde pudo pedir ayuda. Sin embargo, a lo largo del proceso, ha tenido que enfrentar múltiples obstáculos que han retrasado la investigación. Su experiencia ha estado marcada por contradicciones en las declaraciones y un trato que califica como revictimizante por parte de las autoridades competentes.
El abogado de la joven expresó su alarmante preocupación por las implicancias del posible archivo del caso, especialmente considerando que existen pruebas, testimonios y pericias privadas que sostienen su denuncia. A pesar de ello, la fiscalía ha manifestado su intención de cerrar el caso, lo que siembra una mayor sensación de impunidad en una sociedad que ya lidia con el problema de la violencia de género.
La ingeniera también mencionó que su objetivo no es la búsqueda de una compensación económica o mediática, sino que además de sancionar al culpable, desea prevenir que otras mujeres pasen por situaciones similares. En un giro adicional, denunció que el Centro de Emergencia Mujer le negó el apoyo psicológico después de haber pasado más de dos años desde el inicio del proceso, lo que refleja las serias falencias en la atención a las víctimas de violencia sexual en el país.
Este caso resalta la necesidad urgente de una reforma en el manejo de denuncias de este tipo, evidenciando no solo la desprotección que enfrentan las víctimas, sino también la percepción de impunidad que puede extenderse a la sociedad si no se toman medidas efectivas. El futuro de este proceso judicial, afectado por la burocracia y el desinterés, queda ahora en manos de la fiscalía superior.
La situación de esta joven pone de manifiesto los desafíos persistentes en la investigación y atención a víctimas de violencia sexual en Perú, un tema que requiere un enfoque más integral y humano por parte de las entidades responsables.
Fuente: La Republica
