Durante los primeros 21 días del estado de emergencia en Lima y Callao, desde el 22 de octubre hasta el 11 de noviembre de 2025, se registraron un total de 41 homicidios. Alarmantemente, el 80.5% de estos casos (33 homicidios) fueron causados por el uso de armas de fuego. Además, se identificaron 8 muertes por proyectiles de arma de fuego que fueron catalogadas como «ignoradas» en el Sistema de Defunción (Sinadef), con 6 casos en Lima y 2 en Callao.
La violencia en esta región continúa siendo un tema crítico, impulsada principalmente por la extorsión, que ha crecido significativamente en el país. A nivel nacional, se ha registrado un incremento del 18% en los casos de extorsión, cifra que se eleva a 36% en Lima Metropolitana y 33% en Callao. Estos datos ponen de manifiesto la urgencia de un enfoque más eficaz en la lucha contra el crimen organizado.
Comparando el periodo actual con el anterior, antes del estado de emergencia, se reportaron 43 homicidios en 21 días, lo que indica que las medidas implementadas hasta la fecha no han logrado reducir la violencia criminal. A nivel nacional, la cifra de homicidios hasta noviembre de 2025 asciende a 2,118 casos, lo que representa un aumento del 3% respecto a 2024. Esto se acompaña de un crecimiento del crimen organizado, el sicariato y la trata de personas, todos factores que contribuyen a un clima de inseguridad creciente en la región.
Particularmente preocupante es el hecho de que, en lo que va del año, 56 choferes han sido asesinados en Lima y Callao, muchos de ellos en ataques perpetrados con motos y armas de fuego. Este panorama genera una creciente preocupación tanto en autoridades como en ciudadanos sobre la efectividad de las estrategias del Estado para combatir la criminalidad.
La percepción de ineficacia de las medidas estatales, incluyendo el estado de emergencia y la intervención militar-policial, evidencia la necesidad urgente de replantear las estrategias de seguridad y abordar las causas profundas de esta creciente ola de violencia.
Fuente: La República
