El Congreso de la República del Perú está evaluando una propuesta legislativa que busca endurecer las sanciones para quienes participen en protestas violentas y oculten su identidad. La iniciativa, impulsada por la congresista Elizabeth Medina del partido Somos Perú, plantea penas de hasta diez años de prisión para aquellos que se cubran el rostro con máscaras, pasamontañas u otros elementos durante manifestaciones que deriven en disturbios.
Esta propuesta implicaría modificaciones a los artículos 315 y 452 del Código Penal. El artículo 315 se centraría en establecer penas más severas para quienes cometan disturbios mientras ocultan su identidad. Por su parte, el artículo 452 introduciría sanciones no privativas de libertad, como trabajo comunitario o multas, para quienes lleven o autoricen la participación de menores de edad o personas con discapacidad en protestas que se tornen violentas.
Los promotores de esta legislación argumentan que el ocultamiento de los rostros impide la identificación de responsables y facilita la impunidad en casos de daños a la propiedad, así como agresiones durante las movilizaciones. Se mencionan como antecedentes las protestas de octubre de 2025 y diciembre de 2022, eventos que dejaron fallecidos y heridos, además de incidentes graves.
Además de endurecer las sanciones, la iniciativa busca proteger a grupos vulnerables, como menores y personas con discapacidad, evitando que sean expuestos a situaciones de riesgo en manifestaciones violentas. Sin embargo, la propuesta ha generado un intenso debate. Algunos expertos advierten que la redacción actual podría afectar el derecho a la protesta pacífica, sugiriendo que es esencial distinguir claramente entre la simple presencia en una marcha y la participación en actos violentos.
La discusión en el Parlamento sigue en curso, y se espera que se evalúen diferentes posturas antes de tomar una decisión final sobre esta polémica propuesta de ley.
Fuente: La República
