El Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo ha concluido que Daniel Luza Amésquita, trabajador de la Oficialía Mayor del Congreso de la República, utilizó una cámara institucional del Parlamento para grabar el mitin de lanzamiento de la precandidatura presidencial de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, realizado el 30 de octubre de 2025 en Trujillo.
Durante este evento, que marcó el inicio de la campaña electoral de Fujimori, el Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno, se encontraba de vacaciones, por lo que sus responsabilidades fueron asumidas por Jaime Abensur Pinasco, militante de Fuerza Popular, quien tenía la supervisión y custodia de los bienes institucionales. Este hecho ha suscitado serias preocupaciones respecto al uso de recursos públicos en actividades de carácter partidario.
Luza, quien estaba adscrito a la Oficina de Participación Ciudadana —dependiente de la Primera Vicepresidencia del Congreso controlada por Fuerza Popular—, presentó su renuncia el 1 de noviembre. Sin embargo, la fiscalización del JEE precisó que esta renuncia no extingue su responsabilidad administrativa ni penal por el uso inadecuado de los recursos estatales. Ante esta situación, el JEE recomendó remitir el expediente a la Contraloría y al Ministerio Público para evaluar posibles responsabilidades legales en este caso.
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, también de Fuerza Popular, ha solicitado el archivo de la denuncia, argumentando que no autorizó ni ordenó el traslado del equipo, siendo las gestiones operativas responsabilidades de la Oficialía Mayor. En este contexto, el JEE ha iniciado el proceso formal de notificación a los implicados, lo que incluye la creación de casillas electrónicas para el envío de comunicaciones oficiales.
Este caso plantea serias dudas sobre el cumplimiento del principio de neutralidad estatal en los procesos electorales, abriendo la puerta a investigaciones tanto administrativas como penales. La situación es un recordatorio del constante escrutinio que enfrenta la utilización de recursos públicos y la imperiosa necesidad de salvaguardar la independencia del Estado en representaciones electorales.
Se espera que tanto la Contraloría como el Ministerio Público actúen con diligencia para esclarecer los hechos y determinar las posibles sanciones a los involucrados.
Fuente: La República
