En un alarmante panorama de violencia en Lima Metropolitana y Callao, el Ministerio Público reporta que en los primeros once meses de 2025, 56 choferes de transporte público han sido asesinados. Este contexto violento se complica aún más con más de 30,000 denuncias por extorsión a nivel nacional, lo que implica un promedio de una denuncia cada 20 minutos.
La mayoría de los ataques a conductores, que representan el 80% de los casos, son perpetrados por sicarios en motos lineales y armados, lo que les permite una rápida fuga y contribuye a la impunidad. Los distritos más afectados por esta escalofriante ola de violencia son San Juan de Miraflores, Bellavista y San Martín de Porres, donde los ataques se llevan a cabo con disparos a quemarropa, dejando una estela de temor entre los transportistas.
Un hecho trágico a resaltar es que septiembre de este año ha sido el mes más violento, con 31 choferes asesinados. Además, en la misma región se han registrado más de 40,000 denuncias por robos durante el mismo periodo. Esta situación ha llevado a gremios y autoridades a calificar el contexto como «insostenible», y están exigiendo medidas urgentes para la protección de los conductores y un patrullaje más coordinado.
La problemática de la extorsión está íntimamente vinculada a mafias que demandan pagos ilegales a los transportistas para poder operar. Este fenómeno se ha visto agravado por la informalidad en el transporte y la falta de sistemas de pago electrónico, que dificultan el seguimiento del dinero de estas coerciones. Los transportistas, alarmados por la creciente violencia, han participado en paros y protestas para exigir garantías de seguridad en sus labores diarias.
Las autoridades y expertos han hecho un llamado a implementar acciones integrales y coordinadas que incluyan un reforzamiento de los patrullajes, sanciones penales más estrictas y reformas necesarias en el sistema de transporte público. Estas medidas buscan proteger a los trabajadores del sector y detener la alarmante ola de violencia que actualmente enfrentan.
Fuente: La República
