El Poder Judicial de Perú ha declarado nulas las acusaciones constitucionales que el Congreso había iniciado contra el ex primer ministro Salvador del Solar. La decisión fue tomada por la Corte Superior de Justicia de Lima a través de la Primera Sala Constitucional, la cual consideró que el Parlamento no respetó el plazo de cinco años establecido en la Constitución para presentar dichas denuncias. Este fallo provocó la caducidad del proceso, que estaba relacionado con el rol de Del Solar en la cuestión de confianza que llevó al cierre del Congreso en 2019.
Las acusaciones, registradas con los números 384, 400 y 466, buscaban sancionar a Salvador del Solar mediante su inhabilitación política. Sin embargo, el tribunal encontró que la presentación de la acusación se realizó fuera del plazo constitucional, conforme al artículo 99 de la Constitución peruana. Además, el fallo indicó que el proceso no cumplió con las garantías del debido proceso ni con el derecho a la defensa, basándose más en elementos políticos que en fundamentos jurídicos.
El Poder Judicial no solo invalidó las denuncias, sino que también ordenó que el Congreso asumiera los costos del proceso, lo que resalta la importancia de la separación de poderes y el respeto a los derechos constitucionales en el país. Salvador del Solar celebró esta resolución asegurando que el caso «nunca debió existir» y que las denuncias eran improcedentes, dado que ya habían sido resueltas por el Tribunal Constitucional anteriormente. Su abogado destacó la resolución como un indicativo de que «aún hay justicia en el Poder Judicial».
Este fallo representa un precedente significativo en cuanto a los límites del control político que puede ejercer el Congreso sobre figuras públicas y la relevancia de la intervención del Poder Judicial en procesos de inhabilitación política. Así, se reafirma el compromiso con la defensa de los derechos constitucionales en Perú, lo que podría influir en futuros enfrentamientos entre las instituciones del Estado.
La anulación de estas acusaciones no solo libera a Salvador del Solar de un proceso que se consideró injusto, sino que también establece un importante precedente sobre la autonomía del Poder Judicial en la vigilancia del debido proceso y la legalidad en la actuación del Congreso.
Fuente: La República
