El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, en conjunto con el Fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, anunció las acciones de coordinación entre ambas instituciones para combatir la inseguridad ciudadana y abordar la convocatoria de protesta pacífica para este miércoles 15 de octubre.
Durante una conferencia de prensa, las autoridades aseguraron que el objetivo primordial es garantizar el ejercicio del derecho a la protesta, al mismo tiempo que se preserva el orden y la seguridad. En este contexto, el general Arriola dirigió un exhorto formal a la ciudadanía que planea participar en las movilizaciones.
«Nosotros recomendamos y sugerimos a todos los que deseen hacer uso de su derecho, a que asistan sin alguna mochila, sin cubrirse el rostro, sin llevar pasamontañas», declaró el alto mando policial. Subrayó que la PNP estará presente para proteger los derechos de los manifestantes en un «espacio propicio», así como los de aquellos ciudadanos que no deseen sumarse a la jornada de protesta.
Arriola recalcó el compromiso institucional de la PNP con los derechos humanos y detalló que, como parte del protocolo, se informa al Ministerio Público sobre las convocatorias. Esto, con la finalidad de solicitar a los organizadores la adopción de medidas preventivas que eviten posibles infiltraciones y actos vandálicos.
Medidas contra la delincuencia organizada
En otro momento de la conferencia, el comandante Arriola anunció la creación de la División de Investigación de Extorsiones, la cual contará con un departamento especializado en casos vinculados al sector transporte. Asimismo, informó que, mediante coordinación con el Ministerio Público, se levantará el secreto bancario de las cuentas utilizadas para recibir pagos por extorsión.
En materia legal, se presentarán iniciativas legislativas para extender el plazo de flagrancia hasta 72 horas y agilizar las investigaciones preliminares, permitiendo que se realicen en un plazo de 15 días. Estas medidas, según Arriola, buscan fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a la criminalidad.
