El expresidente, Pedro Castillo, ha presentado una solicitud ante el juez Alexis Anicama Budiel para la ejecución anticipada del fallo que le otorga el derecho a una pensión vitalicia, un monto que asciende a 15,600 soles mensuales, equivalente al sueldo de un parlamentario en funciones. Esta petición surge en un contexto de tensión legal, ya que el Congreso de la República se encuentra apelando dicha decisión, fundamentando su posición en que la concesión de la pensión debería considerarse nula debido a la acusación constitucional vigente en su contra.
En mayo de 2024, el Congreso había denegado la pensión de Castillo, basándose en el artículo 2 de la Ley 26519, que establece que cualquier persona con una acusación constitucional en curso no puede recibir este beneficio. Sin embargo, un juzgado ha señalado que existe una contradicción en el tratamiento aplicable a Castillo en comparación con el expresidente Alberto Fujimori, quien también se encuentra en una situación legal similar pero recibió su pensión vitalicia.
La defensa de Castillo argumenta que es importante garantizar el principio de igualdad ante la ley, citando el caso del exmandatario Fujimori como un precedente que debería jugar a su favor. En este contexto, Castillo sostiene que su derecho a recibir la pensión debe ser oficiado provisionalmente hasta que se resuelva la apelación presentada por el Congreso. Este argumento se basa en la premisa de que la justicia debe aplicarse de manera equitativa, sin distinciones que puedan constituir una discriminación.
Por su parte, el Congreso insiste en que otorgar la pensión en las circunstancias actuales sería una violación de las leyes vigentes y de los principios establecidos en la normativa que suspende este beneficio en escenarios donde hay acusaciones constitucionales. En consecuencia, el tema permanece en un estado de incertidumbre, aguardando la resolución de la apelación que podría cambiar el rumbo de esta controversia legal.
La situación que enfrenta Castillo refleja la complejidad del sistema judicial peruano y las tensiones políticas que persisten en el país, aumentando la mirada crítica sobre la aplicación de las leyes y el acceso a derechos fundamentales como lo es una pensión vitalicia.
Fuente: Infobae
