La empresa brasileña Odebrecht ha interpuesto una demanda de habeas corpus ante el Poder Judicial peruano, buscando el archivamiento definitivo de los procesos judiciales que enfrenta en el país. Esta acción legal se dirige principalmente contra los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, integrantes del Equipo Especial Lava Jato, quienes han liderado las investigaciones en torno a las actividades de la empresa. La demanda también incluye a la jueza María Álvarez Camacho, responsable de homologar el acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht y el Estado peruano en 2019.
Odebrecht argumenta que el Ministerio Público ha incumplido este acuerdo firmado en 2018, ya que ha utilizado información proporcionada por la empresa para abrir nuevas investigaciones en su contra. Esta estrategia ha generado un fuerte rechazo por parte de los fiscales, quienes ven en la demanda un intento de obstruir el avance de las pesquisas por corrupción, fenómeno que ha sacudido la política peruana en los últimos años.
Durante una entrevista realizada el 30 de septiembre de 2025, el fiscal Rafael Vela expresó su rechazo a la manera en que Odebrecht ha decidido manejar la situación. Vela comparó esta medida con anteriores intentos de comisiones y grupos de interés que han buscado frenar las investigaciones sobre corrupción. El fiscal lamentó que la empresa busque cerrar los procesos judiciales, insinuando que esto podría ser parte de un esfuerzo sistemático por desmantelar el trabajo del equipo Lava Jato.
La situación es particularmente tensa, dado el contexto político en el que el equipo Lava Jato ha enfrentado numerosas críticas y presiones por parte de sectores del poder judicial y político. Vela ha sido uno de los fiscales más visibles en esta lucha contra la corrupción, y su trabajo ha estado marcado por la constante confrontación con diversos actores políticos que han tratado de minimizar la magnitud de los casos de corrupción en el país.
La demanda de Odebrecht subraya los desafíos institucionales que enfrenta Perú en su esfuerzo por investigar y sancionar delitos de corrupción a gran escala, destacando la persistente tensión entre los actores judiciales y las corporaciones implicadas en escándalos de corrupción.
Fuente: Diario Correo
