El expresidente de OAS, José Adelmario “Léo” Pinheiro, ha solicitado al Poder Judicial del Perú el archivo del proceso en su contra, relacionado con el caso de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Según su defensa, los delitos de colusión simple y cohecho activo genérico han prescrito, argumentando que la prescripción venció en enero de 2023, exactamente diez años después de una reunión clave que se realizó el 17 de enero de 2013.
En dicha reunión, considerada fundamental por la Fiscalía, se acordaron supuestos pagos para financiar la campaña de Villarán en contra de su revocatoria. En este encuentro, que tuvo lugar en la Municipalidad de Lima, además de Villarán, participaron su gerente municipal, José Miguel Castro, y ejecutivos de OAS. Según la acusación del Ministerio Público, se habría pactado la entrega de 3 millones de dólares para este fin, lo cual está vinculado con la aprobación de la adenda N.º 1 del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla.
Según las investigaciones, las empresas OAS y Odebrecht habrían entregado más de 10 millones de dólares en aportes ilegales para financiar las campañas de Villarán entre 2013 y 2014. En respuesta a la solicitud de Pinheiro, el fiscal José Domingo Pérez ha rechazado la petición de prescripción, señalando que la magnitud y la naturaleza de los indicios de financiamiento ilícito desvirtúan este argumento. De hecho, Pérez ha solicitado incluso la captura internacional de Pinheiro para que rinda cuentas ante la justicia peruana.
En este momento, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional tiene la responsabilidad de decidir si se archivará el caso o si el proceso continuará. Mientras tanto, la exalcaldesa Villarán enfrenta un juicio por cargos de lavado de activos, corrupción y asociación ilícita, todos relacionados con este caso de corrupción que ha sacudido a la política limeña.
La defensa de Pinheiro busca el cierre del caso por prescripción; sin embargo, la Fiscalía insiste en que el proceso debe seguir adelante y solicita medidas severas contra él. Este caso evidencia una disputa legal crucial en un escándalo de corrupción que involucra significativas sumas de dinero y conexiones entre empresas constructoras y exautoridades de Lima.
Fuente: Gestión
