La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha sido suspendida de manera preventiva por seis meses por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta decisión se tomó debido a que Espinoza no restituó en su cargo a Patricia Benavides, tal como se había dispuesto previamente por dicha entidad.
Espinoza ha calificado este proceso disciplinario como inconstitucional y arbitrario, argumentando que la JNJ se ha extralimitado en sus funciones y que carece de la competencia necesaria para suspenderla, dado que su nombramiento fue realizado por la Junta de Fiscales Supremos. En sus declaraciones, la fiscal suspendida denunció ataques personales desde diciembre de 2024 y acusó a la JNJ de politizar la justicia, además de incurrir en posibles delitos como abuso de autoridad y prevaricato.
La controversia se agrava, ya que Espinoza no asistió a la audiencia convocada para evaluar su suspensión. En su ausencia, cuestionó la legalidad y legitimidad del proceso, señalando que la resolución que ordena la restitución de Benavides no fue unánime ni contó con las firmas necesarias para ser válida. Su defensa confirmó que se presentarán recursos legales ante el Poder Judicial con el objetivo de anular la suspensión, argumentando la existencia de falta de garantías en el procedimiento.
En un movimiento para garantizar la continuidad de la labor del Ministerio Público, el fiscal supremo decano, Tomás Gálvez, asumirá interinamente el cargo de fiscal de la Nación durante el tiempo que dure la suspensión de Espinoza. Este desarrollo ha generado un significativo conflicto político y jurídico en el Perú, subrayando las tensiones presentes en las instituciones encargadas de administrar justicia.
La situación resalta la necesidad de un diálogo constructivo y de procesos claros en la administración de justicia, para evitar que estas controversias sigan socavando la confianza pública en las instituciones.
Fuente: La República
