El Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) ha iniciado una investigación formal contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien es señalado por presunto liderazgo de una organización criminal. Este grupo estaría involucrado en la recuperación irregular de predios con la participación de policías y otros funcionarios de alto rango.
Las acciones de la Fiscalía incluyen diligencias en diversas instituciones, como la comisaría de Manchay, la Fiscalía de Lurín, la VII Región Policial de Lima y la empresa Arenera S.A.C. Estas operaciones están enmarcadas dentro del operativo denominado «Ícaro», diseñado para recolectar evidencia y esclarecer los hechos que rodean este caso.
La Fiscalía ha presentado cuatro delitos fundamentales que se imputan a Santiváñez: favorecimiento ilícito en la Defensoría de la Policía del Ministerio del Interior, cobros indebidos para que ciertos generales mantengan sus cargos, beneficios a la empresa minera El Dorado a cambio de ventajas económicas, y encubrimiento real. Además, se alega que desde antes de asumir su cargo, Santiváñez ya protegía a una organización criminal y luego formó su propia estructura para obtener ganancias ilícitas.
En esta red también estaría involucrado el excoronel Percy Tenorio y otros funcionarios, quienes han sido acusados de participar en actos de corrupción vinculados a desalojos irregulares en la zona de Cieneguilla. Para fortalecer la investigación, la Fiscalía ha ordenado la realización de registros, inspecciones e incautaciones de documentos y dispositivos electrónicos, apoyo que se articula en parte con los testimonios de un testigo protegido clave.
De esta manera, la indagación contra Juan José Santiváñez despliega un amplio escenario de posibles irregularidades en la gestión pública, donde la vinculación de efectivos policiales y funcionarios en actividades delictivas marca un grave precedente para la administración de justicia en el país. Las diligencias realizadas en Manchay y Lurín constituyen un paso crucial en la búsqueda de pruebas que permitan esclarecer el alcance de esta organización criminal.
La situación representa un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en Perú, lo que ha generado preocupación entre sectores de la población que demandan transparencia y eficacia en la administración pública.
Fuente: RPP
