A partir del 9 de septiembre de 2025, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) implementará una nueva normativa que modificará la obligatoriedad del seguro de desgravamen. Este seguro, que protege la deuda en caso de fallecimiento o invalidez total permanente del titular, será obligatorio únicamente para los créditos hipotecarios. En cambio, para otros tipos de créditos de consumo, incluyendo las tarjetas de crédito, su contratación será voluntaria.
La regulación busca otorgar mayor libertad de elección al consumidor, permitiendo que los bancos ofrezcan tarjetas de crédito sin el seguro de desgravamen. De esta forma, los clientes podrán decidir si desean asumir el costo adicional que implica este seguro. Esta medida responde a la necesidad de evitar cargos extra que anteriormente se imponían sin opción de elección.
Según el especialista Álvaro Castro Lora, el seguro de desgravamen asegura que, en caso de fallecimiento o invalidez del titular, la deuda no se herede a los familiares. De esta manera, la responsabilidad de pago se limita al patrimonio heredado, lo que implica que los herederos sólo responden hasta el valor de los bienes que reciben. Esta normativa civil resulta clave para proteger a las familias de deudas que podrían afectar su situación económica tras la pérdida de un ser querido.
Sin embargo, el seguro de desgravamen seguirá siendo obligatorio para los créditos hipotecarios debido a los altos montos y plazos involucrados en este tipo de financiamiento. Los clientes tendrán la posibilidad de elegir entre el seguro que ofrece la entidad bancaria o contratar otro seguro de vida que cumpla con las condiciones requeridas.
Es importante destacar que el seguro de desgravamen no es reembolsable. Las primas que se paguen serán destinadas a la compañía aseguradora y no se recuperarán al momento de cancelar la deuda. Esta característica es un factor que deberán considerar los consumidores al momento de decidir sobre la contratación de este seguro.
Con esta nueva regulación, la SBS busca promover una mayor transparencia y libertad de elección en el mercado financiero, beneficiando a los consumidores peruanos en la toma de decisiones sobre sus créditos y seguros.
Fuente: El Comercio
