Juan José Santiváñez, excongresista y actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, ha salido al paso de las recientes acusaciones que lo vinculan con Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. En declaraciones públicas, Santiváñez negó cualquier tipo de relación y aseguró que ni siquiera han mantenido comunicación a través de llamadas telefónicas. Además, hizo un llamado a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos que han suscitado estas afirmaciones.
Por su parte, Nicanor Boluarte también desmintió las insinuaciones que lo vinculan directa o indirectamente con Santiváñez. Criticó el allanamiento efectuado en su domicilio por parte del Ministerio Público, calificando dicha acción como un abuso de poder. Nicanor enfatizó que no está involucrado en ningún proceso penal ni enfrenta imputaciones en su contra, reafirmando su inocencia ante las acusaciones que circulan en los medios.
Ambos personajes, Santiváñez y Boluarte, aseguran ser ajenos a las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía, que investiga la posible existencia de una organización criminal en la que supuestamente estarían involucrados. Sin embargo, tanto el ministro como el hermano de la presidenta han negado enérgicamente cualquier vínculo o participación en actividades ilícitas.
Las acusaciones recientes han generado un clima de especulación mediática, donde las versiones sobre la supuesta colaboración entre Santiváñez y Nicanor Boluarte han tomado fuerza. Ante esto, ambos han manifestado su compromiso con la transparencia y la legalidad, solicitando que se respete su honor y reputación mientras las investigaciones continúan. Es importante señalar que las autoridades deberán seguir adelante con el proceso de indagación para determinar la veracidad de los hechos y la existencia de responsabilidades.
En un contexto político como el actual, donde la confianza en las instituciones se ve comprometida, los pronunciamientos de Santiváñez y Boluarte adquieren relevancia al buscar despejar dudas y mantener la integridad de sus respectivas posiciones en el gobierno y la sociedad.
Las siguientes semanas serán cruciales para el desarrollo de esta situación, ya que la Fiscalía deberá presentar sus hallazgos y definir si hay base suficiente para continuar con los procedimientos correspondientes.
Fuente: La Republica
