La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República del Perú ha acatado la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) que ordena suspender las investigaciones preliminares en contra de la presidenta Dina Boluarte. Esta medida se mantendrá vigente hasta que finalice su mandato en julio de 2026.
El presidente de la subcomisión, Ernesto Bustamante, comunicó que se han paralizado un total de ocho investigaciones preliminares que se encontraban en trámite. La decisión fue tomada durante una sesión donde se evaluó el fallo del TC, el cual estipula que solo es procedente llevar a cabo acusaciones constitucionales contra un presidente en ejercicio por los delitos mencionados en el artículo 117 de la Constitución. Por lo tanto, todas las demás denuncias quedan excluidas hasta que la mandataria concluya su gestión.
Entre las denuncias que han sido suspendidas se encuentran acusaciones graves que incluyen homicidio calificado, desaparición forzada y lesiones graves en el contexto de las protestas sociales. Asimismo, se investiga a la presidenta por presuntos actos de genocidio y su supuesta responsabilidad en las muertes de civiles durante estas manifestaciones. Adicionalmente, se han presentado denuncias por omisiones, prohibiciones e infracciones constitucionales, así como por presunto enriquecimiento ilícito y el favorecimiento indebido a ciertas autoridades.
Es importante señalar que esta suspensión no implica el archivo de las denuncias. Se trata de una simple postergación de las investigaciones, las cuales se reanudarán una vez que Dina Boluarte deje el cargo presidencial. Esta decisión ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social del país, reflejando la complejidad de la situación actual en el Perú.
A medida que se avance hacia la conclusión de su mandato, la atención del público y de los medios de comunicación se centrará en cómo se manejarán estas acusaciones y qué consecuencias podrían tener en el futuro político de Boluarte.
Fuente: El Comercio
