A pesar de una leve mejora en las cifras, más de 407 mil personas viven en condiciones económicas frágiles en Ica, afectadas por la informalidad laboral y el bajo poder adquisitivo.
En la región Ica, la situación económica de miles de familias sigue siendo crítica. Según un reciente análisis de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), cerca del 38% de la población regional —más de 407 mil personas— vive en pobreza o en riesgo latente de caer en ella. Del total, aproximadamente 64 mil personas ya se encuentran oficialmente bajo la línea de pobreza, mientras que unas 343 mil más enfrentan un alto nivel de vulnerabilidad económica. Estas últimas, aunque no están catalogadas como pobres, podrían perder rápidamente su estabilidad ante cualquier evento inesperado, como una enfermedad, la pérdida de empleo, un desastre natural o la caída de sus ingresos por actividades productivas.
El economista César García, de REDES, advirtió que aunque las estadísticas muestran una leve reducción en la pobreza respecto al año anterior, esto se debe más a un efecto rebote tras la fuerte caída económica del 2023. “Los ingresos subieron muy poco y ese aumento ha sido neutralizado por el incremento en el costo de vida. Muchas familias siguen sintiendo que nada ha cambiado. Si seguimos a este ritmo, podríamos tardar dos décadas en volver a los niveles de pobreza prepandemia”, explicó. Uno de los principales obstáculos es la precariedad del empleo. Más del 80% de quienes viven en pobreza o vulnerabilidad en el país trabaja en el sector informal, sin acceso a derechos laborales ni estabilidad. Además, gran parte de estas personas carece de servicios básicos: solo el 30% tiene agua de forma continua y menos del 50% cuenta con Internet en casa.
Para García, el camino hacia una mejora sostenible implica fomentar el empleo formal, especialmente en sectores como la agricultura y el turismo. “Es clave impulsar la inversión privada, pero eso requiere reglas claras, estabilidad política y confianza en el entorno económico”, sostuvo. La pobreza monetaria, según explicó REDES, se calcula por la capacidad de gasto de una familia. Actualmente, el umbral estimado para que una familia promedio en el país cubra sus necesidades básicas es de S/1,816 mensuales. Quienes no alcanzan este nivel de gasto son considerados en situación de pobreza. Frente a este panorama, REDES enfatiza la necesidad de una estrategia estatal integral, con enfoque territorial, que priorice cerrar brechas en infraestructura, empleo y servicios esenciales. Solo con un trabajo coordinado entre el Estado y el sector privado será posible generar oportunidades reales de desarrollo para los iqueños.
