Los congresistas de la República ya no tendrán que renunciar a sus cargos para participar en campañas electorales. Esta posibilidad quedó oficializada con la Ley 32058, aprobada en mayo del 2023, que modifica normas electorales y permite a los legisladores postular a cualquier cargo de elección popular mientras ejercen sus funciones, incluso en pleno año electoral.
La norma, impulsada en el Congreso, busca «optimizar» los procesos electorales, pero ha generado críticas por el riesgo de que se utilicen recursos públicos con fines proselitistas. Con las Elecciones Generales y Regionales/Municipales del 2026 en el horizonte, los parlamentarios podrán competir por la Presidencia, vicepresidencias, escaños en el futuro Congreso bicameral, gobiernos regionales, alcaldías y regidurías, sin necesidad de dejar sus bancadas.
El límite difuso entre gestión y campaña
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha pedido a las autoridades mantener neutralidad en periodos electorales, pero expertos advierten que la norma abre la puerta a posibles abusos.. Entre los recursos estatales que podrían ser desviados figuran:
Movilidad oficial (vehículos asignados).
Seguridad y personal de apoyo.
Viáticos y viajes pagados con fondos públicos.
Materiales de oficina (fotocopias, impresiones, etc.).
