El Gobierno peruano ha dado un paso para regular el molesto fenómeno de las llamadas comerciales no deseadas, una problemática que afecta a miles de peruanos a diario. Sin embargo, la medida, establecida en el Decreto Supremo N° 016-2024, no ha convencido del todo a los defensores de los consumidores, quienes consideran que sigue siendo insuficiente.
Según la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), muchas personas reciben hasta 25 llamadas diarias de empresas ofreciendo productos o servicios sin su autorización, incluso en horarios inadecuados. La nueva norma modifica el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales y establece que las compañías solo podrán hacer un primer contacto para pedir consentimiento. Si el usuario se niega o no responde, la empresa queda prohibida de insistir.
¿Por qué no se prohibieron del todo?
En junio de 2024, el Congreso aprobó una ley que buscaba eliminar por completo las llamadas y mensajes publicitarios no solicitados. Sin embargo, el Gobierno observó la norma y optó por no promulgarla, argumentando que podría afectar el derecho de los consumidores a recibir ofertas y generar conflictos legales. En su lugar, se optó por esta regulación, que, aunque limita el acoso comercial, sigue permitiendo ese primer acercamiento.
